La industria química europea, y por lo tanto la valenciana, se encuentra en una situación cada vez más compleja. Atrapada y enredada entre las exigencias regulatorias europeas, españolas, autonómicas, locales… y enfrentando una competencia global despiadada. Lo que comenzó como un intento legítimo de proteger el medio ambiente y la salud pública ha evolucionado en un laberinto normativo cambiante, que sofoca la innovación y estrangula la competitividad de las empresas del sector.

Las regulaciones europeas sobre la industria química son notoriamente complejas y rigurosas. Las empresas deben sortear un sinfín de directivas, reglamentos y trámites administrativos, lo que se traduce en costes de cumplimiento prohibitivos y una carga burocrática abrumadora. Mientras tanto, competidores de otras partes del mundo se benefician de regulaciones más laxas, lo que les otorga una ventaja competitiva injusta en términos de costes y flexibilidad operativa.

La falta de armonización entre los países europeos agrava aún más la situación. Algunos países aplican las regulaciones de manera estricta y rigurosa, mientras que otros adoptan enfoques más laxos, implementan las normativas de manera inconsistente o simplemente postponen su puesta en marcha. Esta falta de coherencia crea confusión para las empresas que operan en múltiples países y distorsiona el mercado único europeo, debilitando su eficacia y su capacidad para fomentar la competencia justa.

La innovación, vital para el progreso en la industria química, se encuentra en peligro debido al exceso de regulación. Las empresas se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para invertir en investigación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías. Las restricciones onerosas y la incertidumbre regulatoria desalientan la inversión en innovación en Europa, lo que amenaza con relegar al continente a un papel secundario en el escenario mundial.

Para revertir esta tendencia preocupante, es urgente una revisión exhaustiva de la legislación europea sobre la industria química. La simplificación y armonización de las normativas, junto con una aplicación más coherente entre los países miembros, son fundamentales para restaurar la competitividad y la innovación en el sector. Europa debe encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y la viabilidad económica, o arriesgarse a perder una industria vital para su prosperidad futura.