En los últimos años hemos asistido a una intensa producción regulatoria en ámbitos tan diversos como la sostenibilidad, la economía circular, las sustancias químicas, los residuos, los envases o la información corporativa. Todas ellas persiguen objetivos legítimos y necesarios, y que el sector químico comparte. Pero existe una cuestión sobre la que apenas se habla y que cada vez preocupa más a las empresas: la sensación de que las administraciones están poniendo un enorme esfuerzo en legislar, pero mucho menos en acompañar (y no por voluntad).

La aprobación de una regulación debería ser el inicio de un proceso, no su final. A partir de ese momento comienza el verdadero desafío: interpretarla correctamente, trasladarla a la realidad empresarial, realizar inversiones, formar a los equipos y garantizar su cumplimiento efectivo. Y para ello las empresas necesitan algo más que obligaciones. Necesitan apoyo.

Demasiadas veces nos encontramos con regulaciones complejas cuya aplicación suscita numerosas dudas. Empresas que intentan hacer las cosas bien, pero que reciben respuestas diferentes según la administración a la que consulten. Interpretaciones distintas sobre una misma obligación. Procedimientos que se prolongan durante meses. Consultas que tardan demasiado tiempo en resolverse (o quedan en el olvido). En definitiva, una inseguridad jurídica que dificulta la toma de decisiones y frena inversiones. Recordemos que la seguridad jurídica es un elemento clave para la competitividad y la confianza empresarial.

Por otro lado, además de acompañar, también se tiene que vigilar; no está reñida una cosa con otra, al contrario; un sistema eficaz combina orientación y control. Las inspecciones son necesarias y el cumplimiento debe verificarse, pero el objetivo último no debería ser sancionar, sino conseguir que las regulaciones impuestas produzcan los efectos para los que fueron creadas. Porque el éxito se mide por los resultados que logra generar en la sociedad y en la economía.

Precisamente para cubrir parte de ese acompañamiento que muchas veces las empresas echan en falta, desde QUIMACOVA trabajamos cada día para actuar como puente entre la regulación y su aplicación práctica. Traducimos los requisitos normativos a un lenguaje comprensible para las empresas, resolvemos consultas técnicas, trasladamos dudas e inquietudes a las administraciones competentes, promovemos la armonización de criterios y desarrollamos jornadas, guías y herramientas que facilitan el cumplimiento. Además, impulsamos el acceso a ayudas y subvenciones que permiten afrontar las inversiones derivadas de los nuevos requisitos regulatorios. En definitiva, ayudamos a que las empresas puedan dedicar menos tiempo a interpretar normas y más tiempo a innovar, producir y generar valor.

Porque la regulación, sin acompañamiento, genera incertidumbre, sobrecostes y barreras al cumplimiento. Y una regulación que no consigue que se cumpla aquello que persigue difícilmente puede considerarse una regulación eficaz.